¿Qué es el derecho penal médico?
El derecho penal médico es el término genérico que engloba todos los casos penales con un aspecto médico. Por lo general, se trata de personas que trabajan en o para una institución sanitaria y que, durante su labor, incurren en acciones u omisiones penalmente reprochables. Pensemos, por ejemplo, en errores médicos —como un paciente que fallece durante una operación debido a un fallo del cirujano— o en la realización de un determinado acto médico por una persona no autorizada para ello, algo que a veces ocurre en casos de eutanasia. El derecho penal médico abarca desde actos deliberados contrarios a la ley hasta el incumplimiento del deber de cuidado obligatorio.
No solo un empleado, sino también la persona jurídica para la que trabaja —por ejemplo, un hospital—, puede verse involucrada en un proceso penal. El Ministerio Fiscal puede sostener que la persona jurídica (también) ha actuado o dejado de actuar de forma penalmente reprochable.
El papel del derecho penal médico es limitado. Dadas las posibilidades de resolución por vía disciplinaria y de ejecución administrativa, el procesamiento penal, en principio, solo se llevará a cabo en casos con lesiones o en los que el paciente haya fallecido a consecuencia de errores cometidos en el ámbito de la salud.
¿Quién investiga los delitos dentro del derecho penal médico?
La atención médica está, en primera instancia, bajo la supervisión de la Inspección de Salud y Cuidado Juvenil (IGJ). Esta supervisa la calidad y la seguridad de la atención. Sin embargo, si durante esta supervisión surge la sospecha de un hecho delictivo —posiblemente debido a complicaciones anormales, un fallecimiento inesperado u otras consecuencias graves de intervenciones médicas—, se notificará al Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal, en colaboración con la IGJ y la policía, iniciará entonces una investigación penal. Esta investigación está dirigida por el fiscal de asuntos médicos, especializado en esta área tan específica del derecho penal.
Las investigaciones penales cuentan además con el apoyo del Centro de Peritaje de Asuntos Médicos en Róterdam. Este centro de peritaje tiene, entre otras, las siguientes funciones:
- asesorar al Ministerio Fiscal sobre la resolución de asuntos médicos en todas sus facetas;
- desarrollar, mantener y organizar el peritaje;
- estimular y asesorar a las fiscalías en el desarrollo y la realización de políticas y acuerdos locales;
- contribuir al desarrollo de la política nacional.
El fiscal de asuntos médicos siempre presentará el caso ante el Centro de Peritaje antes de iniciar un proceso penal.
¿Cuál es la diferencia entre el derecho disciplinario y el derecho penal médico?
Cuando usted, como médico, enfermero u otro profesional sanitario, comete un error —sea o no intencionado— en el ejercicio de su profesión, no siempre se procederá al procesamiento penal. En la mayoría de los casos, el asunto se resolverá mediante el derecho disciplinario. Aunque ambos procedimientos tienen como objetivo evaluar la conducta de los profesionales sanitarios y sancionar los errores, son fundamentalmente diferentes en cuanto a su finalidad, naturaleza y consecuencias.
Mientras que en el derecho penal médico se persiguen los fines clásicos de la pena (retribución y prevención), el derecho disciplinario es un sistema sancionador profesional. Su objetivo es garantizar que se actúe de acuerdo con todos los estándares profesionales. Un procedimiento disciplinario se iniciará tras la presentación de una queja contra usted. Esta puede ser interpuesta por un paciente, un cliente o un organismo supervisor como la IGJ. A raíz de dicha queja, se iniciará una investigación interna en la que usted, como profesional sanitario, está obligado a colaborar. La queja será finalmente tratada por un colegio disciplinario. Si se declara fundada, no recibirá una pena —como la que recibiría tras una condena penal—, pero sí puede recibir una advertencia, una amonestación o una suspensión (temporal). También puede ser inhabilitado del registro BIG.
Es posible que se sigan contra usted simultáneamente un procedimiento disciplinario y un procedimiento penal. Dado que sus derechos y obligaciones difieren en ambos procedimientos, es importante que se deje asesorar al respecto. Póngase en contacto con nosotros sin compromiso.
¿Se pueden compartir datos médicos con la policía o la justicia sin más?
Cuando usted se ve involucrado en una investigación penal, se le solicitará su colaboración. Aparte del hecho de que, como sospechoso, puede acogerse en todo momento a su derecho a guardar silencio, es posible que, debido a su profesión, también esté sujeto a un deber de confidencialidad. Las normas sobre el secreto profesional de los sanitarios están recogidas en la Ley del Contrato de Tratamiento Médico (WGBO) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Por lo tanto, incluso si quisiera prestar declaración, no siempre es posible. De hecho, la vulneración del secreto profesional es una falta disciplinaria y, además, constituye un delito independiente. Por ello, le conviene no acceder de inmediato a una solicitud o requerimiento de la policía para prestar declaración. Déjese asesorar primero por un abogado penalista con conocimientos en derecho penal médico.
¿Por qué es recomendable contratar a un abogado si se le sospecha de un hecho delictivo?
El derecho penal médico es un área muy específica dentro del derecho penal y, por tanto, requiere de muchos conocimientos especializados. El derecho penal médico tiene diversos puntos de contacto con el derecho disciplinario, el derecho administrativo y el derecho civil. Por ello, contar con un abogado penalista que pueda asistirle durante todo el procedimiento y asesorarle sobre sus derechos y obligaciones dentro de la investigación penal es de suma importancia. En el caso penal, la cuestión central será si usted ha actuado o dejado de actuar de forma reprochable. Esa pregunta a menudo no tiene una respuesta sencilla y requiere un análisis riguroso por parte de un abogado penalista experto en la materia. Póngase en contacto con nosotros.
