Los abogados Françoise Landerloo y Wouter Smeets van a demandar al Estado holandés por tráfico de seres humanos. Según ellos, el gobierno de nuestro país es culpable de ello por participar en la política europea de redistribución de refugiados. Los abogados penalistas tienen un pliego de cargos en preparación, según declararon a De Telegraaf.

La razón inmediata del paso que darán los dos abogados de Maastricht es la clave de redistribución obligatoria de refugiados adoptada recientemente por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Esto se debe a que Italia y Grecia ya no pueden hacer frente a la gran afluencia de refugiados.

Esa clave de redistribución significa que primero se registra a los refugiados y luego se distribuyen, a prorrata. Nuestro país "acogerá" a unos 7.000 refugiados en los próximos dos años. El reglamento de Dublín, que estipula que las solicitudes de asilo deben tramitarse en el país de entrada, no se aplicará con respecto a estas personas.

Por cada "refugiado adoptado" se pagarán 6.000 euros. "La consecuencia directa es que, aunque los refugiados se registran en el país de entrada, la mayoría de las veces Italia o Grecia. Pero luego, sin tener un estatus de residencia, son traídos a nuestro país por o gracias al gobierno holandés para poder solicitar asilo aquí en un lugar determinado", explican Smeets y Landerloo.

"De hecho, el gobierno holandés no estará haciendo entonces otra cosa que lo que se sospecha que hacen otras personas: transportar refugiados del lugar A al lugar B dentro de Europa. Si eso es contrabando de personas, entonces el gobierno holandés también se convierte en contrabandista de personas. La gran pregunta es: ¿está esto permitido?", continuó el dúo de abogados.

"El pensamiento generalizado entre los ciudadanos es que para que exista un delito como el contrabando de personas, debe haber un pago por parte de los refugiados a los supuestos contrabandistas. Eso no es cierto en absoluto y sienta otra cosa: el pago es un mero delito punitivo y, por tanto, no es una condición explícita para el contrabando de seres humanos".

"A través de este proceso, queremos comprobar si el gobierno holandés está autorizado a redistribuir a los refugiados sin saber de antemano si estas personas recibirán un permiso de residencia. Se trata, por tanto, de una cuestión puramente jurídica y no de una declaración política. Esta cuestión está completamente separada de la de si Holanda debe recibir refugiados y, en caso afirmativo, cuántos", subrayó Landerloo.

Landerloo y Smeets actúan a menudo como abogados en casos de trata y tráfico de seres humanos. Geert Jan Knoops, catedrático de derecho penal internacional, afirma que este asunto le parece "interesante". "Es bueno que haya claridad al respecto. Es muy especial que la gente quiera exponerlo de esta manera. Luego habrá que demostrar que la entrada de los refugiados en Holanda fue ilegal".